Sanciones por gases fluorados: qué exige el artículo 31

Respuesta breve

El Reglamento no dice cuánto se paga. Dice qué debe existir en el Derecho de cada Estado miembro.

• Los Estados miembros establecen el régimen. Artículo 31, apartado 1: sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la Directiva 2008/99/CE, los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables a cualquier infracción del Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Antes del 1 de enero de 2026, comunicarán a la Comisión ese régimen y esas medidas, y le notificarán sin demora toda modificación posterior.
• Las sanciones necesitan tres cualidades. Artículo 31, apartado 2: efectivas, proporcionadas y disuasorias, determinadas teniendo debidamente en cuenta cuatro elementos enumerados.
• Tres tipos son obligatorios. Artículo 31, apartado 3: sanciones pecuniarias administrativas; confiscación o decomiso, retirada del mercado o toma de posesión; y la prohibición temporal de usar, producir, importar, exportar o introducir en el mercado, en caso de infracciones graves o reiteradas.

La única cifra del artículo no es una multa, sino un mínimo para el techo: en los casos de producción, importación, exportación, introducción en el mercado o uso ilícitos de gases fluorados, o de productos y aparatos que los contengan, el importe máximo de las sanciones pecuniarias administrativas será al menos cinco veces el valor de mercado de los bienes de que se trate, y al menos ocho veces en caso de reincidencia en un período de cinco años.

Quién fija las sanciones y con qué criterios

El Reglamento es directamente aplicable, pero la parte sancionadora se deja a los Estados miembros. El artículo 31, apartado 1, formula la obligación en dos pasos: los Estados establecen el régimen y adoptan todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Tener una norma sin aplicarla no basta.

El plazo de comunicación es explícito: antes del 1 de enero de 2026, los Estados miembros comunicarán a la Comisión el régimen establecido y las medidas adoptadas, y le notificarán sin demora toda modificación posterior.

El artículo 31, apartado 2, exige que las sanciones sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, y se determinen teniendo debidamente en cuenta lo siguiente, según proceda:

• la naturaleza y la gravedad de la infracción — letra a);
• la población humana o el medio ambiente afectado por la infracción, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio ambiente — letra b);
• cualquier infracción anterior del Reglamento por parte de la empresa considerada responsable — letra c);
• la situación financiera de la empresa considerada responsable — letra d).

Estos cuatro criterios explican por qué dos hechos aparentemente iguales pueden sancionarse de forma distinta. La letra c) es la que una empresa de servicio nota de manera más directa: un historial de incumplimientos entra en la graduación de la siguiente sanción.

La primera frase del apartado 1 preserva por separado las obligaciones de los Estados miembros en virtud de la Directiva 2008/99/CE, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. La responsabilidad administrativa del artículo 31 no desplaza, pues, la responsabilidad penal prevista por otros actos.

Los tres tipos de sanción obligatorios

El artículo 31, apartado 3, enumera lo que debe contener el conjunto nacional de sanciones. No es una lista orientativa: el texto dice «Las sanciones incluirán».

Para una empresa de servicio, la letra c) suele pesar más que la letra a). Una prohibición temporal de usar o introducir en el mercado gases fluorados detiene el trabajo, no solo el presupuesto. El texto la vincula a dos situaciones: infracción grave o infracciones reiteradas.

La letra b) explica por qué se retienen las botellas sin documentación en un control. Las mercancías obtenidas ilegalmente pueden confiscarse, decomisarse, retirarse del mercado o quedar en posesión de las autoridades competentes. Qué convierte un lote en ilegal se describe en la guía sobre refrigerante falsificado e ilegal.

La fórmula del techo: cinco veces y luego ocho

El artículo 31, apartado 4, tiene dos párrafos, y la confusión habitual nace de leerlos por separado.

El párrafo primero fija el principio: las sanciones pecuniarias administrativas serán proporcionadas al daño medioambiental, cuando proceda, y privarán efectivamente a los responsables de los beneficios económicos derivados de sus infracciones. Su nivel aumentará gradualmente en caso de reincidencia.

Lea con atención la construcción. El texto no dice que la multa sea cinco veces el valor de mercado. Dice que el importe máximo previsto en el Derecho nacional debe ser al menos cinco veces ese valor. Es un mínimo impuesto al techo legal, no la tarifa aplicada a un hecho concreto. Lo que se imponga efectivamente resulta de los criterios del apartado 2 y de las reglas nacionales de graduación.

Lo segundo que conviene notar es el alcance de la fórmula. Cubre cinco conductas enumeradas de forma cerrada: producción, importación, exportación, introducción en el mercado y uso ilícitos. Una infracción de otra naturaleza, por ejemplo la falta de registros del artículo 7 o los controles de fugas no realizados del artículo 5, cae bajo la regla general de los apartados 2 y 4, párrafo primero, y no bajo el multiplicador.

Lo tercero es el «valor de mercado». El texto lo utiliza como base de cálculo sin definir cómo se determina. Eso sigue siendo cuestión de Derecho y de práctica nacionales.

La consecuencia adicional sobre la cuota

Para la cuota de introducción en el mercado de hidrofluorocarburos, el Reglamento añade una consecuencia propia, más allá de la multa. El artículo 31, apartado 5, empieza con «Además de las sanciones a que se refiere el apartado 1».

• A quién afecta. A las empresas que hayan introducido en el mercado hidrofluorocarburos excediendo su cuota, asignada conforme al artículo 17, apartado 4, o transferida conforme al artículo 21, apartado 1.
• Qué ocurre. Solo podrán recibir la asignación de una cuota reducida para el período de asignación siguiente a aquel en que se haya detectado el exceso.
• En qué medida. La cuantía de la reducción se calcula como el 200 % de la cuantía en la que se haya excedido la cuota.
• Si la reducción supera la asignación. No se asignará ninguna cuota para ese período y las cuotas de los períodos siguientes se reducirán análogamente hasta deducir la cuantía total.
• Dónde queda el rastro. Las reducciones se registrarán en el portal de gases fluorados.

Hay un punto más, fuera del artículo 31 pero inseparable de él: el punto 3 del anexo VIII dispone que las sanciones establecidas de conformidad con el artículo 31 se tienen en cuenta en los cálculos relativos a la reserva de cuota. Una sanción no se agota, por tanto, con el pago: puede condicionar asignaciones futuras.

Sobre la mecánica del portal, la cuota, la autorización y la transferencia, véase la guía sobre portal, cuota, autorización y transferencia.

Quién controla y quién puede denunciar

Una sanción presupone una constatación. El Reglamento organiza el control por separado.

La obligación de controlar. Artículo 29, apartado 1: las autoridades competentes de los Estados miembros llevarán a cabo controles para determinar si las empresas cumplen sus obligaciones. El apartado 2 impone un enfoque basado en el riesgo que tenga en cuenta, en particular, el historial de cumplimiento de las empresas, el riesgo de incumplimiento de un producto concreto y cualquier otra información pertinente recibida de la Comisión, de las autoridades aduaneras, de vigilancia del mercado, ambientales y de otras autoridades con funciones de inspección, o de autoridades competentes de terceros países. También se realizan controles cuando existan pruebas u otra información pertinente, incluidas preocupaciones fundadas facilitadas por terceros.

Qué incluyen los controles. Artículo 29, apartado 3: visitas in situ a los establecimientos con la frecuencia adecuada y verificación de la documentación y los aparatos pertinentes, así como controles de las plataformas en línea. El párrafo segundo lo detalla: sin perjuicio del Reglamento (UE) 2022/2065, cuando una plataforma en línea comprendida en el capítulo III, sección 4, de dicho Reglamento permita celebrar contratos a distancia con empresas que ofrezcan gases fluorados o productos y aparatos que los contengan, las autoridades competentes verificarán si la empresa, los gases, los productos o los aparatos ofrecidos cumplen los requisitos del Reglamento.

Sin aviso previo. El mismo apartado dispone que los controles se realizarán sin previo aviso a la empresa, salvo cuando la notificación previa sea necesaria para garantizar su eficacia. El apartado 4 exige conservar los registros de todos los controles durante al menos cinco años.

Cooperación entre Estados. El artículo 29, apartado 5, permite a un Estado miembro, a petición de otro, realizar controles u otras investigaciones formales de empresas sospechosas de movimientos ilegales. El artículo 28, apartado 4, obliga a alertar a los demás Estados miembros cuando se detecte una infracción que pueda afectar a más de uno.

Denuncia de infracciones. El artículo 30 dispone que la Directiva (UE) 2019/1937 se aplicará a la denuncia de infracciones de este Reglamento y a la protección de las personas que las denuncien. El artículo 36 añade el Reglamento (UE) 2024/573 al anexo de dicha Directiva, parte I, sección E, punto 2. Quien denuncia un incumplimiento entra, por tanto, en el régimen de protección de la directiva de denunciantes.

Cómo encontrar el acto nacional aplicable

Como los importes son nacionales, la única respuesta correcta a «cuánto es la multa» es el texto nacional vigente en la fecha del hecho. Esta es la ruta, sin intermediarios.

Dos advertencias de fondo. Primera: el Reglamento exige que los Estados miembros comuniquen su régimen a la Comisión, en el artículo 31, apartado 1, pero no impone publicar un registro europeo consolidado de sanciones nacionales. No dé por hecho que existe una lista oficial de la UE con cifras por país.

Segunda: los actos nacionales cambian, y el artículo 31, apartado 1, exige notificar sin demora toda modificación. Una cifra leída el año pasado puede ya no estar vigente. Compruebe siempre la versión consolidada y la fecha de entrada en vigor.

Si el motivo de la búsqueda es un problema concreto de cumplimiento, conviene resolver antes la causa: el registro de equipos, la frecuencia de los controles de fugas y la validez del certificado cubren los hallazgos más habituales en una inspección.

Lista de comprobación

• No busque importes en el ReglamentoEl artículo 31 no contiene ninguna cifra. El apartado 1 remite al Derecho nacional.
• Identifique el artículo infringidoLos actos nacionales describen los hechos por referencia a los artículos del Reglamento.
• Lea el techo como techoEl artículo 31, apartado 4, párrafo segundo, fija un mínimo para el importe máximo, no la tarifa aplicada.
• Compruebe si la conducta es una de las cincoLa fórmula del multiplicador cubre producción, importación, exportación, introducción en el mercado y uso ilícitos.
• Tenga en cuenta el historialEl artículo 31, apartado 2, letra c), obliga a considerar las infracciones anteriores de la empresa.
• Valore el riesgo de prohibición temporalArtículo 31, apartado 3, letra c): se aplica en caso de infracciones graves o reiteradas.
• Para las cuotas, calcule la reducción del 200 por cientoArtículo 31, apartado 5: las reducciones se registran en el portal de gases fluorados.
• Prepárese para controles sin avisoArtículo 29, apartado 3: los controles se realizan sin previo aviso, con la excepción allí prevista.
• Revise también sus anuncios en líneaEl artículo 29, apartado 3, párrafo segundo, extiende los controles a las plataformas en línea.
• Confirme el texto nacional en la fuentePortal N-Lex, Portal e-Justicia y punto de contacto nacional publicado por la Comisión.

Preguntas frecuentes

Fuentes oficiales

El artículo 31 se ha leído íntegramente, apartado por apartado, junto con los artículos 28, 29, 30 y 36. Los demás actos se citan solo porque el Reglamento remite a ellos. Los portales de legislación nacional se incluyen porque los importes no están en el texto europeo.

Actualidad de la página y límites de responsabilidad

Información general elaborada por EgoLog a partir del Reglamento (UE) 2024/573 y de los actos a los que remite. No es asesoramiento jurídico ni sustituye la asistencia de un abogado ante una inspección o un procedimiento sancionador.

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